América Latina estuvo atravesada por períodos de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad durante las décadas de los años 70 y 80. Perú no es la excepción y, en ese país, han avanzado hacia la construcción de políticas públicas de Memoria.
En este documento se plantea que “Un espacio de memoria es un espacio emblemático y significativo para la comunidad, por ello su ubicación debe ser determinada por sus integrantes, de acuerdo a sus experiencias, hechos ocurridos o símbolos que reflejen las memorias comunales”.
Esto es precisamente lo que ha ocurrido en el Memorial de las Víctimas de Desaparición Forzada, Paisajes de la Memoria, en donde integrantes de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala -CONAVIGUA- tomaron la decisión de resignificar un espacio donde se produjeron las graves violaciones a los derechos humanos y la desaparición forzada, durante el tiempo de ocupación por parte del Ejército (1980 – 1996), para convertirlo en un espacio simbólico de construcción de memorias, reparación y dignificación de las víctimas del conflicto armado en Guatemala.
La Ley N° 28592, de Perú, que crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR) para la atención de las víctimas civiles, policiales y militares del periodo de violencia de 1980-2000, considera el desarrollo de acciones estatales para reconstruir el tejido social quebrado por dicho periodo de violencia que tuvo como consecuencia 229 mil víctimas civiles, policiales y militares, 5,712 mil comunidades que sufrieron arrasamientos y pérdidas, y 159 organizaciones de personas desplazadas, según información del Registro Único de Víctimas (RUV).
A su vez, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (RENADE) considera a 21,571 personas desaparecidas durante el mencionado periodo de violencia.En los últimos años, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel entidad encargada del seguimiento de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional, impulsó la implementación de espacios de memoria con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), gobiernos locales y comunidades con altos niveles de afectación.
Estos espacios de memoria se convirtieron en experiencias comunitarias que reflejan los diversos procesos de resiliencia y conmemoración, con el reconocimiento de las afectaciones sufridas, el papel del Estado y el respeto a las memorias de las víctimas individuales y colectivas; constituyendo ejemplos de construcción de procesos participativos que reflejen las diversas demandas de reconocimiento de las víctimas así como el fortalecimiento de una cultura de diálogo, paz y respeto de los derechos humanos.
El presente material presenta estas experiencias que puedan servir como referencia a otras comunidades, organizaciones de víctimas, autoridades locales y ciudadanía en general en el emprendimiento de procesos de memoria y conmemoración.
Fuente: Publicaciones del Programa de Reparaciones Simbólicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú